La gran duda del 11 de diciembre, el día después de la asunción del nuevo Gobierno, gira sobre el valor del principal insumo de la economía argentina: el dólar. La flamante Administración, no importa quien gane el 22 –N, enfrentará un desajuste cambiario: ¿mantiene el gradualsino o acelera para emparejar la inflación, si no la pasada por lo menos la esperada para 2016, que en las expectativas todavía está muy por encima del cálculo del ministro Axel Kicillof, quien la estimó en 15% en el Presupuesto, lo que luego se bajaría incluso a un dígito.

Pero no será el atraso cambiario la principal herencia que dejará el actual gobierno. El desajuste en los precios relativos dejará una inflación latente todavía no mensurada pero dispuesta a dispararse si los actores económicos no ven capacidad de gestión ni ideas serias en el plano económico.

El actual déficit fiscal, que es de 5 a 10 puntos del PIB (todavía se espera el blanqueo de los gastos y el aporte que realizarán la Anses y el BCRA para financiarlo), es récord desde el regreso de la democracia. Según el equipo económico que tome el control hay dos opciones: los gradualistas creen que sólo se corrige con mayor crecimiento, sin necesidad de recortes de los planes sociales, por ejemplo. Los partidarios del “shock” apuestan a que una devaluación aumente los ingresos fiscales en pesos. En cualquier caso, se les deja un nivel de gasto que indexa por inflación (jubilaciones y planes sociales) que lo hace inflexible a la baja.

La presión tributaria llegó a un tope y esto se reconoce desde cualquier visión económica. El nuevo Presidente deberá hacer un gran gesto a la clase media, que se ve castigada por el Impuesto a las Ganancias, y a los sectores productivos de las economías regionales, que reclaman el fin de las retenciones.

Tocar impuestos nunca es fácil. El cambio entre un régimen y otro siempre genera zozobra. Pero no hay duda de que un futuro gobierno comenzará los cambios por ahí. Y los factores económicos estarán muy atentos a si genera un mayor financiamiento del Estado. 

El ajuste de las tarifas de servicios públicos tiene una directa relación con los cambios en Ganancias para la cuarta categoría. O se pagan tarifas o se pagan impuestos. El problema es que el último tarifazo alteró esa lógica y hay sectores de clase media que terminaron pagando el impuesto y las mayores tarifas, algo sólo soportable bajo la expectativa de un próximo cambio de reglas.

La negociación de fondo. Mientras el frente interno se mantenga entretenido con la corrección de los precios de la economía (dólar, salarios, tarifas, impuestos, etc.), la gran definición de fondo llegará con los términos del acuerdo que se alcance con los fondos litigantes por la deuda externa impaga.

En un giro para muchos sorpresivo, la Justicia de Nueva York empezó a modificar la correlación de fuerzas en favor de Argentina. Resultan claves los términos utilizados en uno de los fallos: dijeron los jueces de la Cámara de Apelaciones que tomaban la decisión aún sabiendo que el país lo iba a utilizar para justificar su negativa a negociar.

Hay tres factores a tener en cuenta: el nivel de reservas del BCRA, la paciencia de los bonistas no reestructurados y el nivel de aceptación política del sistema financiero internacional a convalidar una quita de deuda.

Todo indica que la negociación demandará varios meses y que Argentina logrará algunas concesiones. Lo que se deberá tener presente es que los fondos especulativos son funcionales al sistema financiero y cualquier arreglo que se alcance no debe ser pasible de ser interpretado como una señal de debilidad que impulse reestructuraciones seriales.

Por Fernando Alonso (especial para Global Equity)